Ciudad de México.– Mientras el mundo intenta dejar atrás los efectos de la pandemia, América Latina enfrenta una consecuencia menos visible pero profundamente alarmante: un retroceso de hasta 30 años en el acceso a la planificación familiar.
De acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la crisis por COVID-19 provocó una interrupción masiva en los servicios de salud reproductiva, elevando el porcentaje de mujeres con dificultades para acceder a métodos anticonceptivos del 11% al 17% en la región.
Este impacto no es menor. Se estima que alrededor de 39 millones de mujeres se han visto afectadas, mientras que entre 12 y 20 millones dejaron de utilizar anticonceptivos durante la pandemia, ya sea por desabasto, saturación hospitalaria o dificultades económicas.
Antes de la crisis sanitaria, América Latina mostraba avances sostenidos en salud reproductiva, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que buscaba eliminar las necesidades insatisfechas de planificación familiar para 2030. Sin embargo, este progreso se ha visto severamente comprometido, especialmente en poblaciones vulnerables como adolescentes, mujeres indígenas y quienes viven en condiciones de pobreza.
Especialistas advierten que el acceso a métodos anticonceptivos modernos —como el DIU, implantes subdérmicos, anticonceptivos orales o preservativos— no solo previene embarazos no planeados, sino que también mejora la salud materna, reduce la mortalidad y permite a las mujeres tomar decisiones clave sobre su futuro educativo y económico.
No obstante, las barreras estructurales persisten. En muchos países, la cobertura de programas públicos de anticoncepción es desigual, y aproximadamente la mitad de las usuarias debe adquirir estos métodos por cuenta propia, lo que limita su acceso y profundiza la desigualdad.
En el marco del Día Mundial de la Salud, expertos y organizaciones hacen un llamado urgente a reforzar los sistemas de salud y garantizar el acceso equitativo a la anticoncepción como un derecho fundamental. La evidencia es clara: cuando estos servicios se debilitan, las consecuencias impactan no solo en la salud, sino en el desarrollo social de toda una región.
Hoy más que nunca, la planificación familiar no puede considerarse un servicio secundario, sino un pilar esencial para construir un futuro más justo y equitativo para millones de mujeres en América Latina.
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